El 24 de agosto vencen las “facultades delegadas” y por primera vez en 150 años la oposición no está dispuesta a prorrogarlas. En el Congreso ni siquiera saben cuales son las más sensibles. La inaudita situación se agrava por la falta total de diálogo entre el Gobierno y los legisladores.

Los líderes de la oposición son extremadamente cautos. Desde Elisa Carrió hasta Felipe Solá, pasando por el senador Gerardo Morales, la senadora correntina liberal Josefina Meabe y Federico Pinedo o Paula Bertol, ninguno quiere revelar la jugada que prepara. Lo que sí parece claro es que, mientras Néstor Kirchner se entretiene en actos de homenaje a Eva Perón, mediando entre Venezuela y Colombia, consiguiendo garrafas de 10 kilos a 16 pesos, o metiéndose en las negociaciones entre Julio Grondona y Diego Maradona, un tsunami avanza en el Congreso de la Nación: por primera vez en 150 años, diputados y senadores se aprestan a discutir en serio las llamadas “facultades delegadas” al Poder Ejecutivo, con claras posibilidades de dejarlas caer, simplemente con no prorrogarlas.

“Estamos a las puertas de una implosión institucional”, dijo un senador que pidió el anonimato, y que no ocultó sentirse “abrumado por la ciclópea tarea que el Congreso tiene que abordar, en tan poco tiempo, y sin posibilidad de acordar con el Ejecutivo”. Además, y ante la consulta de LPO, aseguró que “la oposición, ya no tiene margen para repetir otra cláusula transitoria que prorrogue facultades. No queda otra que poner manos a la obra, aunque el Ejecutivo nos ignore y dicte Decretos de Necesidad y Urgencia, que más tarde o temprano, la Corte terminará anulando”.

Se habla de alrededor de 1900 leyes, de las cuales ni siquiera hay acuerdo acerca de cuáles y cuántas son las relevantes, que tienen un vencimiento fatal: el próximo 24 de agosto, cuando expirará la última prórroga, obtenida por el oficialismo luego de su derrota electoral, pero aún con mayoría en ambas Cámaras.

El jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, hizo sondeos en su momento, y ya sabe que ninguna bancada opositora acompañará una prórroga -tampoco Proyecto Sur, según lo que aseguró una fuente segura a este portal-, y hasta teme que tampoco lo hagan bloques afines al Frente para la Victoria, como el que integra la diputada Vilma Ibarra.

La última vez

Sucede que en agosto de 2009, al sancionar la ley 26.519, el Congreso dispuso lo que se imaginó como la definitiva y última prórroga, por un año, de las normas delegantes que seguía desconociendo y, a la vez, creó precisamente la Comisión Bicameral Especial de análisis de las facultades delegadas. Allí, debía sacarse del limbo las leyes dictadas entre 1853 y 1994, cuando se reformó la Constitución, que en alguna parte de su articulado delegan funciones o potestades al Poder Ejecutivo.

El debate público está centrado en el artículo del Código Aduanero, sancionado por la dictadura en 1981, que faculta al Ejecutivo a imponer derechos de exportación. Pero el Código Minero, la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Promoción Industrial, la Ley de Hidrocarburos y otras 200 o 300 leyes más, consideradas fundamentales por el Ejecutivo, tienen artículos delegatorios. Más: organismos creados por ley del Congreso, desde la AFIP hasta la ONCCA forman parte del paquete de delegación de facultades.

En la Constitución reformada se le dio un claro mandato al Congreso –cláusula transitoria octava- para dar caducidad a la legislación delegada preexistente, y le dio un plazo por cinco años, que caducó en 1999 y fue renovado -siempre en forma transitoria- a través de la sanción de cuatro leyes de texto casi idéntico (25.148, 25.645, 25.918 y 26135). Pero el año pasado, se dio un virtual ultimátum.

Las recomendaciones

Finalmente, el pasado 30 de junio la Comisión elevó sus “Conclusiones y Recomendaciones”, al que pudo acceder LPO en forma exclusiva. Entre otros párrafos, los técnicos dicen que “corresponde destacar la increíble circunstancia de que la Procuración del Tesoro de la Nación y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, discrepan de modo notable acerca de cuáles son las normas imprescindibles para llevar adelante la gestión de gobierno”.

Y aunque reconoce que “no existe todavía una teoría pacífica acerca de las funciones legislativas y administrativas en el nuevo diseño institucional que consagró la reforma de 1994”, presume que “el número de leyes con facultades delegantes, si bien todavía impreciso, no alcanza cifras excesivas”. Para la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso existirían 213 leyes delegantes vigentes, “apenas”.

Y propone un plan de trabajo. A saber:

- Que se disponga un cronograma de tratamiento legislativo con una prioridad en las normas tributaria, financiera, defensa y seguridad, en ese orden.

- Que se reclame al Poder Ejecutivo las atribuciones que considere imprescindibles para el ejercicio de su función.

- Que se mantenga la Comisión Bicameral Especial para asesorar al Congreso.

Sucede que todos saben que es materialmente imposible, a pocas semanas del Día D, un deseable acuerdo entre el oficialismo y la oposición para diseñar un cronograma y prioridades. Nadie imagina a Kirchner negociando con los opositores del Congreso un nuevo diseño institucional para la Argentina que viene. “Este Gobierno no tiene límites, va a apelar a todo, seguirá huyendo hacia adelante”, dijo el senador consultado, “a partir del 25 de agosto puede pasar cualquier cosa, hasta que una guerra entre diputados y senadores; lo único que no va a pasar en la Argentina es lo que la gente demanda: previsibilidad y certeza”.

La Politicaonline