Un grupo de Bahienses integrados por vecinos auto-convocados, científicos, organizaciones y movimientos sociales, hace saber el documento presentado el día 9 de Enero de 2012 dirigido a la fiscalia de la provincia de Buenos Aires, OPDS y municipalidad de Bahía Blanca. Fotografía: FLORENCIA BELENGUER.

Dicho documento es la respuesta al impreciso y falaz resumen de la audiencia publica del 16 de Noviembre pasado que fuera redactado por el gobierno municipal local y enviado al organismo para el desarrollo sostenible de Buenos Aires a fines de Noviembre de 2011.Como asistentes y testigos de lo sucedido el 16 de Noviembre, entendemos que lo dicho por el municipio no refleja la realidad de lo ocurrido. Los abajo firmantes, miembros de instituciones científicas, educativas, políticas y sociales de la ciudad de Bahía Blanca y la región, queremos expresar nuestra profunda disconformidad con el documento redactado por la municipalidad de Bahía Blanca en referencia a la Audiencia Pública celebrada el día 16 de Noviembre de 2011 en el Centro de Jubilados de General Daniel Cerri con el objetivo de evaluar los efectos ambientales del proyecto de dragado para la extensión del canal de acceso hasta Puerto Cuatreros, construcción de un muelle para la recepción de buques regasificadores y un gasoducto de interconexión, y operación de los buques de regasificación presentado por la UTE conformada por la empresa del Estado Nacional ENARSA S.A. e YPF S.A. (REF: EXTE. 310-11191/2011). En primer término queremos hacer notar que dicho documento, al menos la versión que la municipalidad publicó en su sitio de internet, no ha sido firmado por autoridad alguna, de manera que resulta imposible conocer la responsabilidad de las opiniones allí vertidas. La importancia del proyecto en discusión así como la gravedad del impacto ambiental, social y económico previstos y de las afirmaciones incluidas en ese reporte, requieren un tratamiento más serio de la información. Más allá de esto, nuestra principal objeción se refiere a la postura tomada por el ejecutivo municipal que expresa en este documento que “la posición Municipal resulta favorable a la concreción del emprendimiento entendiendo al mismo claramente positivo al desarrollo local y regional, en el marco del los planes directores de las localidades ribereñas de Ing. White y Gral. Daniel Cerri que se instrumentan en el ámbito local”. Agregando una serie de recomendaciones generadas de manera unilateral y sin ningún aval técnico explícito que se limitan a medidas de mitigación y compensación de impacto y de monitoreo ambiental. Dichas recomendaciones ignoran de plano los aspectos recomendados por los organismos de investigación científica con sede en nuestra ciudad, la Universidad Nacional del Sur, el Grupo de Estudios en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional y el Instituto Argentino de Oceanografía. En particular desoyen las recomendaciones del Departamento de Biología Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur cuyos representantes expresaron claramente, por escrito primero y luego en la audiencia pública, que el sitio propuesto resultaba “absolutamente inapropiado” y que de proceder con el proyecto no habría medidas de mitigación que compensaran de manera adecuada tan mala elección. En relación con “las medidas de compensación ambientales, sociales y económicas” propuestas, resulta oportuno recordar lo ocurrido con el Balneario Maldonado y la puesta en operación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la Tercera Cuenca, donde hasta la fecha no se han implementado acciones que permitan corregir el severo impacto ambiental originado a partir de esta obra. El mal funcionamiento de dicha planta provocó el cierre de estas instalaciones durante una temporada completa y la necesidad de una obra para provisión de agua alternativa, dado que el agua del estuario en esa zona dejó de ser apta para uso recreativo. De manera similar resultan contradictorias las medidas de “ampliación y mejoramiento de los espacios públicos con acceso a la ría” propuestas en el informe municipal, considerando que, tal como opinan los especialistas de las universidades y el IADO, el proyecto de ampliación de la zona industrial hacia el sector interno del estuario no hará sino limitar la posibilidad de contacto de los habitantes de la ciudad con este ecosistema al tiempo que reducirá la calidad paisajística y ambiental del área. De manera similar resulta llamativa la alusión del informe municipal al equipo de monitoreo ambiental que debería solicitarse en caso de avanzar el proyecto, el que resulta definitivamente inadecuado e incompleto para evaluar el tipo de impactos que el propio EIA describe para el emprendimiento sobre el ecosistema estuarial. Es preciso destacar que en su informe las autoridades municipales omiten cualquier referencia a las principales objeciones manifestadas por los más de ochenta científicos representantes de dichos organismos que firmaron los informes correspondientes. Sigue así sin respuesta nuestra preocupación por: 1- la no consideración de una localización alternativa para el proyecto evitando el área más valiosa y más sensible del estuario, siendo, además, que existen sitios viables con características que minimizarían la necesidad de dragado; y 2- la falta de una planificación integral que apoye la decisión de promover el crecimiento del puerto y de la actividad industrial asociada hacia el interior del estuario, incluyendo la inexistencia de cualquier evaluación de factibilidad ambiental de un polo industrial. Es fundamental insistir en que los argumentos citados por el propio informe para justificar una posición a favor del proyecto, incluyendo los eventuales efectos sobre el desarrollo local, regional y nacional, la necesidad de aumentar el ingreso de gas natural a la red nacional y la posibilidad de lograr un crecimiento y un progreso local a partir de la generación de empleos y demanda de servicios, no resultan en absoluto incompatibles con una localización alternativa para la planta regasificadora en un área de menor sensibilidad ambiental y social y donde las tareas de dragado resulten mínimas, lo que por otra parte ha sido considerado perfectamente factible en diversos documentos técnicos. Dado que todos los argumentos propuestos a favor se cumplen también en una localización alternativa llama la atención la defensa de una localización que contradice el consenso científico-técnico local. El documento del municipio afirma que la consultora Serman y Asociados, contratada por los proponentes del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, “contesta” las observaciones presentadas por los informes científicos de las universidades nacionales y del IADO. Sin embargo es fundamental hacer notar que los cuestionamientos más graves expresados por dichas instituciones resultan insalvables a través de una respuesta escrita elaborada por la consultora. En particular sigue sin aclararse la razón de la inexistencia de un análisis de prefactibilidad que permitiera elegir el sitio más apropiado para la obra, sigue sin plantearse un análisis del impacto del proyecto que subyace al dragado (expansión del área portuaria e industrial), sigue faltando un análisis del dragado de mantenimiento, del impacto combinado de los contaminantes que serían resuspendidos en la columna de agua, de los efectos de la carga microbiana presente en los mismos sedimentos, se sigue omitiendo una evaluación de los costos ambientales del dragado (externalidades negativas), etc. Las respuestas de la consultora, por otra parte, de ningún modo pueden revertir el análisis de los especialistas del IADO que en su documento afirman que “el EIA contiene falencias técnicas, inconsistencias, omisiones o carencias de información relevante”, que “si bien la mayor parte de los trabajos que se mencionan en el texto del EIA han sido realizados a lo largo de más de treinta años por los diferentes grupos de investigación del IADO, en muchos casos se trata de interpretaciones erróneas de los contenidos de estudios publicados por los mismos investigadores que forman parte de esta comisión”. La municipalidad omite citar en su informe que las voces que se manifestaron en contra del proyecto en la audiencia pública, muchas de ellas en representación de organizaciones locales, provinciales y nacionales, resultaron una abrumadora mayoría (cerca del 80 % de las intervenciones). Entre los antecedentes ignora asimismo las más de quince cartas remitidas a la municipalidad por parte de algunas de las organizaciones nacionales e internacionales más importantes dedicadas a la conservación del ambiente al comienzo de este proceso en las que manifestaban su honda preocupación por el impacto que el proyecto podría generar (entre estas instituciones se puede citar a la Fundación Humedales -Wetlands International-, Wildlife Conservation Society, Manomet Center for Conservation Sciences, Fundación Vida Silvestre Argentina y el Servicio de Caza y Pesca de los E.E.U.U.). Tampoco se menciona la opinión manifestada por carta al Sr. Intendente Municipal por la Dra. Silvia Alicia Révora, Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el día 3 de junio de 2011, en la que expresa que “la realización de este megaproyecto provocará cambios estructurales y funcionales en este sector del ecosistema estuarial” y que “Estos cambios no han sido debidamente evaluados y considero que serán infringidos varios de los artículos de la Ley 23.918”. Nos preocupa sobremanera que se haya omitido toda mención a dicha documentación en el informe, y en tal sentido adjuntamos los antecedentes mencionados a fin de que sean efectivamente considerados. La municipalidad de Bahía Blanca, que recientemente creara la Agencia Municipal de Ciencia y Tecnología con la misión de “diseñar e implementar políticas públicas para instalar un modelo de desarrollo local y regional basado en el conocimiento científico y tecnológico, articulado con los actores públicos-privados relevantes”, ignora en sus conclusiones respecto de este proyecto las recomendaciones de la masa de científicos locales que han desarrollado estudios en el estuario de Bahía Blanca, concluyendo que sus reparos pueden ser cubiertos con las medidas de mitigación y monitoreo propuestas, sin presentar evidencia científica o técnica en la que base estas conclusiones. Cabe destacar que las recomendaciones de los científicos se basan en datos relevados durante años de estudio y que se encuentran documentados en publicaciones científicas de prestigio internacional. Los especialistas han cumplido con su responsabilidad de alertar a las autoridades sobre el impacto irreversible del proyecto en cuestión y lejos de oponerse al crecimiento de la región, han ofrecido su colaboración para generar soluciones de desarrollo, compatibles con la preservación de los recursos naturales y con la salud y la calidad de vida de la población. El impacto previsible para el proyecto impulsado ahora de manera oficial por el gobierno municipal nos lleva a advertir una vez más a las autoridades, a los representantes políticos y a la comunidad toda acerca de las consecuencias irreversibles que éste tendría para el estuario de Bahía Blanca, sobre su impacto en los recursos naturales de importancia local y regional y en el funcionamiento básico del ecosistema y sobre sus efectos en la salud de los habitantes de la región y en las posibilidades de un desarrollo social, económico y ambiental sostenible. Es nuestro deseo manifestar la profunda preocupación y el desconcierto generados por la rápida y definida postura unilateral de las autoridades locales, cerrando los canales de comunicación para informarse y dialogar antes de emitir una opinión que podría resultar en una intervención con serias consecuencias para el futuro de la región. Por todo lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta lo expresado por la Ley 11723, que en su ARTICULO 34º establece que “cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o los recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la Provincia podrá acudir ante la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar, a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y/o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes”, señalamos a los organismos públicos con injerencia en la materia, la necesidad de revisar las conclusiones elaboradas por la municipalidad de Bahía Blanca respecto de la audiencia pública citada en el primer párrafo de este escrito y que fueran elevadas oportunamente al OPDS; en tanto a nuestro criterio las mismas no responden con fidelidad a lo ocurrido en dicho acto fundamental del proceso en trámite, omitiéndose además información de alta relevancia para una adecuada valoración del proyecto. A tales efectos se presenta copia de este Informe al municipio de Bahía Blanca, al OPDS y a la Fiscalía General (Sede Bahía Blanca), a fin de que se aclaren debidamente las razones que llevaron a las autoridades del municipio de Bahía Blanca a efectuar las conclusiones expuestas; y -en su caso- se determinen las responsabilidades que de ello podrían derivarse. Al mismo tiempo renovamos nuestros votos y nuestro compromiso para que las obras necesarias para el desarrollo local, de la región y para el abastecimiento de energía al sistema nacional puedan desarrollarse con la premura requerida por las circunstancias, garantizando su compatibilidad con el desarrollo sostenible en términos sociales, ambientales y económicos. Firman este Informe Dr. Sergio M. Zalba Profesor Universidad Nacional del Sur Investigador CONICET Dr. Ing. Domingo Horacio Campaña Docente e Investigador Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca