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Integración Ciudadana propone la urgente instrumentación de una auditoría social por los problemas con el agua y la energía eléctrica.

La existencia y retardo en sus respuestas  de los organismos de control de ambos servicios -OCEBA y OCABA-  imponen fortalecer la intervención de los vecinos, en definitiva de la sociedad civil, en una clara alianza en el control con organismos de gestión política.

Es necesario vencer la rémora de un proceso privatizador del que ya no quedan quienes realicen un panegírico que era habitual en sus momentos de apogeo.

Los medios de comunicación local, las colas en los cajeros automáticos, mercados, etc. cosechan idénticos reclamos: horas sin energía soportando altas temperaturas, agua con olor desagradable, etc..

Los mecanismos de control son un requisito para lograr eficiencia en los servicios públicos cuando los llamados a cumplirla no lo hacen en tiempo y forma. Ello supone arbitrar mecanismos que colaborando en la gestión persigan eficiencia y mejores resultados.

¿Es posible promover estas herramientas cuando nos debatimos en medio de la propia crisis?

La respuesta que se impone es afirmativa porque ninguno de los actores principales -ABSA, EDES, OCABA y OCEBA-, dan respuestas en el nivel que la demanda exige.

Las herramientas de auditoría social ya se han instrumentado en diferentes lugares del mundo. La ONU a través del PNUD ha aportado experiencia y soluciones que urge adoptar y adaptar. No hacerlo prolongará la crisis, agravará el legítimo malestar social y nos privará de avances frente a las prestadoras del servicio. El estado municipal no puede solo "acompañar" el reclamo de los vecinos. Tal fórmula se encuentra más próxima a la claudicación política, roza la falta de imaginación y termina conspirando contra el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

El HCD debe promover una auditoría social permanente de los servicios eléctricos y de agua. Pero en la emergencia sus responsables deben comparecer a un plenario semanal que podrá convocarse diariamente donde deberán informar el total de reclamos, la causa de los mismos, y la respuesta implementada.

 

Sin perjuicio de la contingencia y con vistas a las propuestas estructurales que se refieren a los planes de inversión y al nivel de éstas se implementará un mecanismo de recepción y evaluación por medio de las sociedades de fomento y ONGs que se inscriban en un registro a crearse por por ordenanza y a tal efecto se implementarán las tarjetas de Calificación del Ciudadano Que las tarjetas se aplican entre otras cosas para determinar satisfacción de los usuarios con los servicios, fiabilidad y calidad de los mismos, capacidad de respuesta de los proveedores de servicios, costos ocultos (prácticas corruptas) e irregularidades.

Como complemento de las TCC  se implementarán encuestas de evaluación de los prestadores de servicios que en forma "definitiva" determinarán  las características de los proveedores de servicios e identificar problemas con la prestación de servicios en términos de entrada, salida y calidad.


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